La caída de los precios capturados por la tecnología solar en las horas centrales del día, sumado al incremento de los vertidos y de las horas a precio cero o incluso negativo, erosiona año tras año el valor de una planta que carece de capacidad para desplazar su producción. En cambio, la batería permite almacenar la energía e inyectarla en la red cuando más vale, optimizando así la curva de ingresos del proyecto. Si a ello se añaden la volatilidad de los precios de mercado y la creciente necesidad de dotar de firmeza a la generación renovable, no es de extrañar que el almacenamiento forme parte del caso base de cualquier proyecto fotovoltaico en desarrollo. De ahí que, en el entendimiento de que podrá hibridar la planta, el comprador pague por megavatios fotovoltaicos; posibilidad que, en muchos casos, resulta determinante para que la operación salga adelante.
Sin embargo, con frecuencia, los contratos de compraventa de participaciones sociales (SPA, por sus siglas en inglés) de la sociedad titular del proyecto siguen estructurándose como si la batería fuera un mero accesorio de la planta. En ocasiones, incluso, la batería queda fuera del perímetro de la operación o, a lo sumo, su tramitación se confía a un contrato de prestación de servicios de desarrollo (DSA, por sus siglas en inglés) que se suscribe en la fecha de cierre del SPA.
Lo cierto es que, en buena parte de las operaciones, la tramitación del BESS se encuentra en una fase muy incipiente, o ni siquiera se ha llegado a iniciar, mientras que el proyecto fotovoltaico puede estar ya en estado de ready-to-build (RTB), lo que motiva que en las negociaciones el BESS acabe relegado a un segundo plano. A ello se suma que, en el contexto actual, el marco regulatorio del almacenamiento todavía no permite modelizar los ingresos del BESS con el grado de certeza que exige la banca, lo que dificulta su financiación. Y cuanto mayor es la incertidumbre sobre el BESS, más necesario resulta que el SPA la aborde y detalle.
Así, en nuestra opinión, el SPA tiene que reflejar la realidad de ambos proyectos, el fotovoltaico y el BESS, identificando cada uno de los elementos que los componen y el estado de desarrollo en que se encuentran. Y, sobre todo, debe asignar expresamente a quién corresponde el riesgo de que la hibridación no resulte viable técnica o administrativamente.
Esta determinación no puede confiarse al DSA, puesto que dicho contrato no sustituye, sino que complementa al SPA. Como es sabido, en virtud de este contrato, el vendedor se obliga frente a la sociedad titular del proyecto a desarrollar el BESS a cambio de unos honorarios. No obstante, el DSA no protege al comprador frente al riesgo de que la tramitación no llegue a buen término. El vendedor, en su condición de desarrollador, asume, por lo general, una obligación de medios y no de resultado, de manera que, si la hibridación resulta inviable por causas que no le sean imputables, la sociedad (e indirectamente el comprador) no podrá exigirle responsabilidad alguna y se quedará con una planta fotovoltaica que no podrá hibridar.
Por eso, la protección del comprador debe plasmarse en el propio SPA, empezando por las manifestaciones y garantías. El vendedor debe otorgarlas no solo sobre el proyecto fotovoltaico, sino también sobre el BESS, ya que son proyectos distintos, con permisos y tramitaciones independientes, aunque la del BESS esté mucho menos avanzada.
Ahora bien, las manifestaciones y garantías tienen un alcance limitado, dado que hibridar la planta exige actualizar los permisos de acceso y conexión y obtener para el módulo de almacenamiento, nuevas autorizaciones administrativas, así como una nueva licencia de obras para su construcción. Si esa tramitación no se hubiera iniciado o estuviera en una fase muy inicial, el vendedor no podrá garantizar permisos que no existen. Lo que sí podría es dar garantías sobre aquello de lo que depende que esos permisos lleguen a obtenerse. En todo caso, es práctica habitual que el vendedor trate de limitar las manifestaciones a su conocimiento, y, claro está, a más limitaciones, menos protección para el comprador. En todo caso, las manifestaciones y garantías protegen frente a la inexactitud de lo declarado, no frente a un hecho futuro e incierto, como puede ser que el ayuntamiento considere incompatible el uso de almacenamiento con el suelo en el que se ubicaría.
En consecuencia, la vía más eficaz para mitigar este riesgo suele ser el precio. Si el comprador está dispuesto a adquirir la planta fotovoltaica en el entendimiento de que podrá hibridaron, es razonable que una parte del importe quede vinculada a que la hibridación se pueda llevar a cabo. Para ello, las fórmulas más habituales consisten en retener esa cantidad, por ejemplo, mediante una cuenta de depósito (escrow), e ir liberándola a medida que se alcancen determinados hitos en la tramitación del BESS, o directamente aplazar su pago y vincularlo a esos mismos hitos. Si los hitos no se cumplen antes de la fecha límite pactada, el comprador recuperaría la cantidad retenida o, en su caso, quedaría liberado de pagar la parte aplazada, lo que en ambos casos supondría una reducción del precio.
Es aquí donde el DSA cobra sentido como contrato complementario del SPA. Si el vendedor es quien tramita el BESS, ambos contratos deben estar vinculados, de modo que los hitos del DSA coincidan con los que determinan la liberación del precio retenido bajo el SPA. Así, aunque el vendedor siga asumiendo una obligación de medios, estará, en todo caso, alineado con los resultados que persigue el comprador.
Si el comprador no está dispuesto a quedarse con una planta fotovoltaica sin posibilidad de hibridaron con baterías, existen fórmulas más protectoras para el comprador, como puede ser sujetar el cierre a una condición suspensiva vinculada al avance del BESS. Sin embargo, dicha solución podría colisionar con los hitos administrativos de la planta fotovoltaica, que son autónomos respecto de los del módulo de almacenamiento, y además su cumplimiento no puede quedar a la espera de que avance la tramitación de la batería correspondiente en cada caso. Por ello, una condición suspensiva sólo resultaría viable si se limita a hitos tempranos y de plazo acotado, como el resultado favorable de la consulta al órgano ambiental o del informe de compatibilidad urbanística. Para el resto de la tramitación, que se prolongaría durante un largo período de tiempo, la alternativa podría ser pactar una opción de venta a favor del comprador que le permita resolver la operación a un precio equivalente al total de costes y gastos desembolsados si, en un período de tiempo determinado, se constatara que la hibridación no es viable.
En resumen, si la posibilidad de hibridar es la razón de ser de la operación, el riesgo de la inviabilidad de la hibridación y sus consecuencias deben quedar recogidos de forma expresa en el SPA. Las manifestaciones y garantías ayudan, dado que trasladan al vendedor la responsabilidad sobre hechos de los que depende la hibridación, pero no podrían cubrir un resultado que, por definición, es futuro e incierto. De ahí que retener una parte del precio hasta que se alcancen los distintos hitos de la tramitación del BESS, y vincular el DSA con el SPA, permita mitigar parte del riesgo mencionado. Ahora bien, si el comprador no está dispuesto a quedarse con una planta que no se pueda hibridar, la condición suspensiva para los hitos tempranos y la opción de venta ofrecen una protección más sólida.
En conclusión, las baterías han cambiado la forma de valorar una planta solar. A nuestro juicio, la clave está en tratar el BESS como un proyecto propio y en prever en el SPA, de forma expresa, los riesgos de la hibridación para su viabilidad e implementación.
Artículo publicado en Solar News
Por María Nieto
Asociada – Dpto. Energía
