La reforma de la Ley Concursal en España, en vigor desde 2022, introdujo un nuevo marco de reestructuraciones con el objetivo de facilitar la viabilidad de empresas en dificultades financieras y agilizar los procesos de reorganización de deuda. Sin embargo, la aplicación práctica de este sistema sigue generando importantes debates jurídicos entre los distintos juzgados de lo mercantil y audiencias provinciales.
En los últimos años, cuestiones clave como la clasificación de determinados créditos, el perímetro de afectación de los planes de reestructuración o la formación de clases han dado lugar a interpretaciones divergentes entre tribunales españoles. Esta situación está teniendo un impacto directo en la seguridad jurídica de empresas, acreedores e inversores, especialmente en operaciones de reestructuración e insolvencia de gran complejidad.
En este contexto, Madrid se ha convertido en uno de los focos principales del debate jurídico concursal en España. Algunas resoluciones dictadas por juzgados de lo mercantil y por la Audiencia Provincial de Madrid han mantenido criterios diferenciados respecto a otras provincias en materias especialmente relevantes para el sector.
Reestructuraciones en España: un sistema todavía en evolución
Ángel Alonso, socio de nuestro departamento de Special Situations, Reestructuraciones y Concursal, analiza esta situación en sus declaraciones para El Confidencial, destacando que muchas de estas discrepancias responden al propio desarrollo de un marco normativo todavía reciente:
🗣️ “Es una reforma relativamente joven, con algo más de tres años desde su entrada en vigor, y no es de extrañar que se puedan plantear distintas interpretaciones sobre aspectos dudosos”.
Uno de los debates más relevantes en el ámbito concursal español gira actualmente en torno a la consideración jurídica de determinados préstamos participativos, especialmente aquellos vinculados a financiación concedida por Cofides durante la pandemia.
Mientras algunos tribunales consideran que estos créditos deben calificarse como subordinados, otros órganos judiciales han sostenido interpretaciones diferentes en función de las circunstancias concretas de cada procedimiento. Esta falta de uniformidad está generando incertidumbre en determinados procesos de reestructuración empresarial en España.
Seguridad jurídica y criterios judiciales en Madrid
La disparidad de resoluciones también ha reactivado el debate sobre el denominado forum shopping, es decir, la posibilidad de que determinadas compañías busquen tramitar sus procesos de reestructuración en jurisdicciones que consideren más favorables desde el punto de vista interpretativo.
Sobre esta cuestión, Ángel Alonso considera que no existe actualmente un riesgo generalizado, aunque sí destaca la importancia de avanzar hacia una mayor armonización de criterios judiciales:
🗣️ “No parece que exista un riesgo generalizado de forum shopping, aunque sí sería conveniente una mayor unificación de criterios en determinados puntos para evitar discrepancias”.
En la práctica, factores como la complejidad técnica de las operaciones, la novedad del sistema de reestructuraciones y la ausencia de mecanismos de casación están favoreciendo interpretaciones no siempre homogéneas entre distintos tribunales españoles.
La importancia de la seguridad jurídica en los procesos de insolvencia
La evolución del sistema español de reestructuraciones seguirá dependiendo, en buena medida, de la consolidación de criterios judiciales en materias especialmente técnicas y estratégicas para el tejido empresarial.
En este escenario, la seguridad jurídica, la previsibilidad en la aplicación de la norma y la convergencia interpretativa entre tribunales serán factores clave para reforzar la confianza de empresas, acreedores e inversores en los procesos de reestructuración e insolvencia en España.
Puedes leer las declaraciones completas en el reportaje publicado en El Confidencial: aquí.
