La transición energética en España suma un nuevo capítulo. La reciente aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 introduce una medida que, aunque todavía pendiente de desarrollo, marca un cambio profundo en la forma de concebir los grandes proyectos renovables: la obligación de compartir parte de sus beneficios con el entorno local.
En concreto, el nuevo apartado k) del artículo 26.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (“LSE”) establece que los titulares de instalaciones de generación conectadas a redes de transporte o distribución a tensiones iguales o superiores a 132 kV deberán trasladar, directa o indirectamente, una parte de los beneficios a los ciudadanos y comunidades situadas en las proximidades de los proyectos. La disposición precisa que estos mecanismos deberán incorporar procesos de participación ciudadana y contar con la implicación de las entidades locales, dejando claro además que el simple cumplimiento de obligaciones fiscales no podrá considerarse como parte de ese retorno.
Sin embargo, el alcance real de la medida sigue siendo una incógnita. El propio RDL 7/2026 remite a una futura orden MITECO la definición de los criterios y condiciones de cumplimiento, sin fijar por ahora ni porcentajes ni plazos concretos.
Una tendencia que ya venía gestándose
Aunque la iniciativa sea novedosa a escala estatal, responde a una tendencia que ya se estaba consolidando en distintos territorios. En Cataluña y en las Islas Baleares, la normativa autonómica, obliga a ofrecer a inversores locales el 20% del capital social o de la financiación necesaria para ejecutar los proyectos con una potencia superior a 5 MW. En Navarra, la Ley 4/2022 exige ofrecer a inversores locales la participación en al menos el 51% del capital y a conseguir una participación efectiva del 20% cuando el proyecto se ubique en suelo público. Estas iniciativas comparten un objetivo común: mejorar la aceptación social en un contexto de creciente contestación local.
A nivel europeo, el impulso a las comunidades energéticas y la participación ciudadana en la transición energética apunta en la misma dirección: democratizar los beneficios de la descarbonización y evitar que queden concentrados exclusivamente en los promotores.
Una nueva lógica de desarrollo
El mensaje que lanza el Gobierno con esta medida va más allá del contenido técnico. El propio texto del RDL subraya la necesidad de reforzar el papel de la ciudadanía como actor activo en la transición energética. En la práctica, esto supone consolidar un cambio de paradigma: la viabilidad de los proyectos ya no dependerá únicamente de variables económicas o regulatorias, sino también de su capacidad para integrarse en el territorio y generar valor compartido.
En un contexto marcado por el aumento de la oposición local a grandes instalaciones -especialmente en el ámbito eólico y fotovoltaico-, la llamada “licencia social” se perfila como un elemento cada vez más determinante.
Impacto para los promotores
Para las empresas desarrolladoras, la medida introduce una nueva capa de complejidad, pero también una oportunidad estratégica. La necesidad de articular mecanismos de retorno al territorio obligará a replantear el diseño de los proyectos desde fases tempranas. El retorno puede traducirse en múltiples fórmulas: desde la participación directa de ciudadanos o entidades locales en el capital de los proyectos, hasta la creación de fondos de desarrollo territorial, el impulso de comunidades energéticas o la oferta de condiciones energéticas ventajosas para los vecinos.
Lejos de ser un mero coste adicional, estos mecanismos pueden contribuir a reducir riesgos de tramitación y minimizar conflictos sociales, en un momento en el que los retrasos administrativos y judiciales se han convertido en uno de los principales cuellos de botella del sector.
Incertidumbre a corto plazo y consulta pública
Pese a su relevancia, la medida deja abiertas cuestiones clave: el porcentaje de beneficios que deberá compartirse, los criterios para evaluar el cumplimiento, la posible diferenciación en función de la tecnología o el tamaño de las instalaciones y el impacto den la financiación y rentabilidad de los proyectos.
En este sentido, el MITECO acaba de lanzar a consulta pública previa la elaboración de la orden que desarrollará el artículo 26.3.k) de la LSE, cuyo plazo para presentar alegaciones finalizó el 15 de mayo. En esta consulta, se señala que la futura orden ministerial deberá desarrollar reglamentariamente el mandato legal, establecer los criterios para determinar qué mecanismos constituyen un retorno válido, definir los requisitos que deben reunir los procesos de participación ciudadana, determinar los procedimientos de acreditación y garantizar la coherencia con las demás herramientas de integración social y territorial del RDL 7/2026.
Unas preguntas que evidencian que la concreción de esta obligación sigue abierta. El diseño final podría inspirarse en modelos ya existentes en Baleares o Cataluña, aunque no se descarta la incorporación de fórmulas más innovadoras, como esquemas de reparto de ingresos ligados a la producción o mecanismos de participación a través de comunidades energéticas. En todo caso, la orden ministerial será clave para determinar el alcance real y la efectividad de esta nueva exigencia.
Hacia un nuevo contrato con el territorio
La dirección es clara. El RDL 7/2026 consolida una idea impulsada también a nivel europeo: la transición energética no puede construirse al margen de los territorios en los que se despliega. La obligación de compartir beneficios apunta hacia un modelo en el que las renovables no solo generan electricidad, sino también desarrollo local, cohesión social y oportunidades económicas. Un cambio que, más que una imposición regulatoria, parece responder a la evolución natural de un sector que necesita reforzar su legitimidad para seguir creciendo.
En este nuevo escenario, los proyectos que sepan integrar desde el inicio el componente social no solo estarán mejor preparados para cumplir con la futura normativa, sino también para competir en un mercado donde la aceptación local será, cada vez más, un factor decisivo.
Artículo publicado en El Economista.
Por Sara Garrido
Asociada – Dpto. Energía y Regulatorio
